La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha trasladado a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso su valoración sobre la propuesta de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario con el objetivo de asegurar la protección de las personas consumidoras al mismo tiempo que se avanza en el cumplimiento del ODS 12.
Con vistas al plazo abierto hasta el 5 de septiembre para que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados incorporen enmiendas a la propuesta de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, desde CECU se ha trasladado la valoración y propuesta de enmiendas a la ley.
Aunque la entidad acoge como un avance positivo la posible aprobación de un proyecto de ley que aborde el problema del desperdicio alimentario, se considera que en el proceso de desarrollo se han reducido notablemente las exigencias sobre los diferentes actores de la cadena alimentaria. En concreto, tras el análisis de la propuesta, la Confederación sostiene que el proyecto ignora las necesidades y las posibilidades de mejora en los distintos eslabones de la cadena, al centrarse únicamente en reducir el desperdicio alimentario a través de la donación y, subsidiariamente, de la transformación y el reciclaje de alimentos que no se pueden vender o de excedentes.
Entre las consideraciones y propuestas a la ley que desde CECU se han trasladado a los diferentes grupos políticos, destacan:
– El desperdicio alimentario debe abordarse en todas sus etapas, desde la producción hasta su puesta a disposición de los consumidores.
– Centrar las medidas en la donación y en la gestión del desperdicio es insuficiente, no soluciona el problema del desperdicio alimentario sino que perpetúa los daños medioambientales y no soluciona los problemas de los colectivos vulnerables. La prevención del desperdicio debe ser la prioridad central de esta ley, tal y como su nombre indica.
– Rechazamos que se incluya la posibilidad de vender o donar productos con la fecha de consumo preferente vencida, no puede desplazarse la responsabilidad a las personas consumidoras. A cambio, proponemos que sea obligatorio promover la venta de alimentos con fecha de caducidad y de consumo preferente próxima a cumplirse, en un espacio diferenciado, a un precio menor y con información adecuada para su consumo garantizando la seguridad de las personas consumidoras.
– Deben articularse medidas que permitan a los consumidores actuar contra el desperdicio alimentario, más allá de la información y la concienciación.
– La autorregulación y las buenas prácticas voluntarias no funcionan. Deben establecerse obligaciones mínimas pero suficientes, en colaboración con la sociedad civil, para reducir el desperdicio alimentario.
– Es necesario incorporar plazos de aplicación de la ley, así como garantías de seguimiento de su cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
