Este debate, al igual que el celebrado el pasado 11 de noviembre –Energía, vivienda y sostenibilidad- podrá seguirse a través de nuestro canal de YouTube.
En esta ocasión, contamos con la participación de:
Vanessa Angustia Gómez, asesora del ministro de Consumo; Paloma Espeja Bragulat, Subdirectora adjunta de Energía Eléctrica de la CNMC; Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); José Luis López, director de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA); Itziar Marín, presidenta de CECU Madrid; Bartolomé Martínez García, director del Área de Economía y Hacienda del Defensor Pueblo, y Pepa Mosquera, periodista de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA).
El suministro eléctrico es un servicio de primera necesidad del que nadie puede prescindir para mantener una mínima calidad de vida, siendo una cuestión vital en caso de personas mayores, menores o que padezcan problemas de salud.
Este es un sector complejo para cualquier consumidor, lo que dificulta elegir adecuadamente entre las opciones del mercado (tipo de contrato, potencia, comercializadora, autoconsumo, etc.) la que mejor se ajuste a sus necesidades. Tampoco es fácil enfrentarse a las prácticas irregulares de las entidades que participan en sistema.
Como usuarios, somos consumidores cautivos de un suministro básico en un sistema complejo que obstaculiza nuestra capacidad para comprender cómo se fijan los precios; cómo optimizar la potencia; entender las ofertas -no siempre transparentes-; cómo lidiar con algunas prácticas más que cuestionables de las comercializadoras; afrontar imprevistas subidas de dudosa legalidad del precio de la energía; saber cómo y ante quién reclamar cuando surgen problemas con la factura o con la lectura y el funcionamiento del contador…Estos son solo algunas de las complejas cuestiones a las que nos enfrentamos.
Por ello, es necesario que las organizaciones sociales y los organismos públicos pongamos a disposición de los consumidores toda la información necesaria para hacer que el sistema eléctrico sea comprensible y justo. Hay que facilitar el acceso a todas las herramientas necesarias que permitan elegir adecuadamente el tipo de servicio que mejor se ajuste a sus necesidades, así como para reclamar y denunciar las prácticas abusivas. Pero además, las asociaciones y los organismos públicos debemos denunciar, y en el caso de la administración, sancionar, las prácticas ilícitas que vulneren los derechos de los consumidores.Si disponer de electricidad a un precio asequible es fundamental para cualquier persona, velar por los colectivos vulnerables es un deber para la sociedad y los Estados, que deben garantizar el acceso al suministro y no permitir su interrupción. Por eso, también es necesario que desde las organizaciones sociales y organismos públicos se apoye y se informe a los consumidores vulnerables sobre su derecho a solicitar el bono social y cómo hacerlo. También hay que facilitar las denuncias de las prácticas irregulares de algunas entidades y, en su caso, la insuficiencia de las medidas adoptadas para proteger a estos colectivos.
| «Los socios de asociaciones de consumidores como CECU están siempre informados sobre sus derechos, evitan en mayor medida problemas con las comercializadoras y, ante la complejidad de una reclamación, el procedimiento se vuelve mucho más accesible«, Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios |
