La organización pide reforzar la protección de las personas consumidoras en ámbitos como la vivienda, la energía, la alimentación y los derechos digitales, y reclama desbloquear la legislación pendiente para garantizar que sus derechos se cumplan
Ante la convocatoria de elecciones generales, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU reclama que la protección de las personas consumidoras ocupe un lugar central en los programas electorales y en la agenda del próximo Gobierno. La crisis de la vivienda, el aumento del coste de la vida, los retos de la transición energética y digital y las dificultades para hacer efectivos los derechos reconocidos por la legislación exigen respuestas políticas ambiciosas y medidas concretas.
CECU plantea una agenda de prioridades que aborda desde el acceso a una vivienda digna y asequible hasta la protección frente a los abusos en los mercados digitales, pasando por el acceso a una alimentación saludable y sostenible, la garantía de los servicios esenciales y el refuerzo de los mecanismos de defensa y reparación de las personas consumidoras.
David Sánchez, director de CECU, señala: «La próxima legislatura debe situar a las personas consumidoras en el centro de las políticas públicas y dar respuesta a los problemas que más afectan a su vida cotidiana. Es imprescindible abordar de manera decidida la pérdida de poder adquisitivo y las crecientes dificultades que afrontan los hogares para acceder a bienes y servicios esenciales, como la vivienda, la alimentación o los suministros básicos».
Diez prioridades para reforzar los derechos de las personas consumidoras
La agenda de CECU se articula en diez áreas prioritarias que requieren compromisos políticos concretos por parte de las formaciones que concurren a las elecciones:
1. Garantizar el acceso a la vivienda. Regular la actividad de las empresas inmobiliarias desde la perspectiva de la protección de las personas consumidoras, avanzar hacia contratos de alquiler indefinidos, frenar las compras especulativas y ampliar el parque público de vivienda mediante la movilización de viviendas infrautilizadas.
2. Una transformación del modelo energético como respuesta a la crisis económica, climática, social y de salud pública. Impulsar una hoja de ruta para la electrificación y descarbonización de los hogares, promover la rehabilitación energética sin trasladar sus costes a quienes tienen menos recursos y garantizar una fiscalidad justa, ayudas suficientes y medidas que eviten sobrecostes durante la transición energética.
3. Garantizar una alimentación saludable y sostenible para todas las personas. Garantizar precios justos y una mayor transparencia de los márgenes comerciales en la cadena alimentaria, reforzar la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a la infancia y la adolescencia, fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles mediante una Estrategia Nacional de Transición Proteica.
4. Derechos digitales. Reforzar la supervisión de las grandes plataformas, garantizar una aplicación ambiciosa del Reglamento de Mercados Digitales y defender la protección de datos personales. CECU también reclama entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, una Ley de Equidad Digital y medidas para prohibir los patrones oscuros y garantizar servicios digitales justos por diseño y por defecto.
5. Consumo sostenible. Aprobar la Ley de Consumo Sostenible para transponer las directivas europeas sobre el derecho a reparar y el empoderamiento de las personas consumidoras para la transición verde. Asimismo, regular las técnicas de manipulación digital que fomentan el consumo excesivo y avanzar en la regulación de la publicidad de sectores altamente contaminantes.
6. Agua y saneamiento. Abordar urgentemente la contaminación del agua, especialmente por nitratos, que impide a miles de personas beber agua del grifo en distintos municipios; garantizar el acceso universal al agua potable y establecer unos mínimos estatales de acceso a baños públicos accesibles y suficientes.
7. Garantizar la seguridad de los productos que consumimos. Aprobar marcos estratégicos de vigilancia y control del mercado que incorporen a las organizaciones de personas consumidoras en su elaboración, seguimiento y evaluación.
8.Políticas comerciales. Garantizar la correcta aplicación de la nueva Reforma Aduanera de la Unión Europea y reclamar los recursos necesarios para fortalecer el control de aduanas, la vigilancia de mercado y la cooperación entre autoridades aduaneras y de consumo también mediante acuerdos comerciales y medidas espejo cuando sean necesarias.
9. Transparencia y buen gobierno. Reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, reformando la legislación vigente para alinearla con los estándares internacionales y europeos. Mejorar la regulación de los grupos de interés para evitar espacios de opacidad y garantizar la trazabilidad de su influencia en las decisiones públicas. Asimismo, aprobar una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que garantice la transparencia efectiva en el uso de algoritmos, sistemas automatizados e inteligencia artificial por parte de las Administraciones Públicas, incluyendo información comprensible sobre su funcionamiento, riesgos e impacto, así como el acceso al código fuente cuando puedan afectar a los derechos de la ciudadanía.
10. Reconocer y reforzar el papel de las organizaciones de consumidores y usuarios para el cumplimiento efectivo de derechos. Reforzar las competencias y los recursos de las autoridades de consumo y vigilancia del mercado, garantizar una respuesta efectiva a las denuncias de las organizaciones de consumidores, aprobar la transposición de la Directiva de acciones colectivas y modernizar el marco de apoyo público a estas organizaciones. Sin una apuesta firme por el movimiento de consumidores, los operadores económicos no tendrán contrapeso.
CECU recuerda que la aprobación de nuevas normas no es suficiente si no existen mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento y reparar los daños sufridos por las personas consumidoras. Por ello, reclama que los compromisos electorales se traduzcan en medidas legislativas, recursos públicos y mecanismos de supervisión efectivos.
La próxima legislatura debe situar los derechos de las personas consumidoras en el centro de las decisiones políticas y económicas, garantizando que todas las personas puedan acceder a bienes y servicios esenciales en condiciones justas, seguras y sostenibles.
