Cuando elegimos una entidad financiera, no solo elegimos una cuenta donde depositar nuestro dinero, una tarjeta o unas determinadas condiciones. También estamos eligiendo un modelo de entidad y, en cierta medida, los valores y criterios que orientan su actividad.
En España podemos encontrar diferentes modelos de entidades financieras: la banca tradicional; las cajas de ahorros, vinculadas históricamente al ahorro y a la obra social y que han tenido un papel importante en el tejido local, pero que hoy tienen una presencia muy reducida; los neobancos, que operan principalmente a través de canales digitales; o la banca cooperativa, cuya forma jurídica es la de una cooperativa y que permite a las personas participar como socias, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada entidad.
Además, en otros países existe la banca pública, de titularidad o participación estatal. En España, actualmente, no existe un modelo de estas características, aunque sí que es reivindicado desde la Plataforma por una Banca Pública.
En los últimos años, el sector bancario español ha experimentado un importante proceso de concentración y nos encontramos en una situación de oligopolio bancario, el cual controla el 70% del mercado. Esta concentración, junto con el cierre de oficinas y cajeros y la creciente digitalización de los servicios bancarios, plantea retos para la competencia, el acceso a los servicios financieros y la capacidad de elección de las personas consumidoras.
A estas cuestiones se suman prácticas y actuaciones de las entidades que han tenido o pueden tener un impacto directo sobre las personas consumidoras: desde la aplicación de determinadas cláusulas abusivas y el cobro de comisiones hasta las dificultades para reclamar o para obtener el reembolso de operaciones fraudulentas cuando corresponde. También forman parte de este debate cuestiones de mayor alcance, como el papel desempeñado por las entidades financieras durante la crisis inmobiliaria, así como el destino de sus inversiones y su participación en actividades o sectores que pueden tener impactos negativos sobre los derechos humanos o el medioambiente.
Todo ello plantea una pregunta: ¿qué otras formas de relacionarnos con las entidades financieras existen y qué criterios podemos tener en cuenta a la hora de elegir?
Entre ellas se encuentra la banca cooperativa, cuya estructura permite que las personas puedan participar como socias, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada entidad y, en consecuencia, poder participar de las decisiones de la entidad. Algunas cooperativas, además, orientan parte de su actividad hacia proyectos vinculados a la economía social, los derechos humanos o la sostenibilidad.
Pero la forma jurídica de una entidad no garantiza por sí sola que su actividad sea más sostenible o responsable. Por eso, como personas consumidoras, es importante informarnos y comparar: ¿qué condiciones ofrece? ¿Qué comisiones cobra? ¿Cómo podemos reclamar? ¿Qué canales de atención tiene? ¿Cómo utiliza o canaliza nuestro dinero?
En el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, desde CECU queremos recordar que informarse y poder elegir entre diferentes modelos también forma parte de nuestros derechos como personas consumidoras.
