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La Federación de Consumidores y Usuarios CECU responde ante los últimos casos de cancelaciones y cambios de cartel en festivales da a la población infantil
En plena temporada de festivales y grandes eventos de música en vivo, CECU advierte sobre las prácticas cada vez más frecuentes que afectan a las personas consumidoras: cambios de última hora en cartel o ubicación del evento y la aplicación de gastos de gestión abusivos y poco transparentes.
En las últimas semanas, varios festivales han sufrido cancelaciones o sustituciones de artistas, especialmente tras la retirada de grupos musicales que han decidido no participar en eventos financiados por el fondo de inversión proisraelí KKR, vinculado con proyectos inmobiliarios en Gaza.
Cuando se produce un cambio esencial como la modificación de fechas, lugar o grupos en cartel, ‘se está produciendo una modificación sustancial de uno de los elementos fundamentales del contrato, por lo que la ley nos ampara a la hora de reclamar nuestro dinero y los gastos adicionales que nos haya podido ocasionar, como transporte o alojamiento’, señalan desde el equipo jurídico de CECU.
Esa situación pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la venta de entradas y la necesidad de garantizar los derechos de las personas consumidoras ante cambios o cancelaciones de eventos.
Por otra parte, otro de los principales motivos de reclamación frecuente está en los gastos de gestión, que en muchos casos pueden suponer hasta un 20% adicional sobre el precio base de la entrada. Un caso reciente ha sido el de la preventa de entradas para el próximo concierto de Bad Bunny en España, en el que se llegaron a aplicar recargos de hasta 35 euros por entrada, una cifra desproporcionada que vulnera la normativa de protección a las personas consumidoras.
La cuestión se va tornando cada vez más problemática si las empresas de ticketing empiezan a aplicar precios dinámicos a estos gastos de gestión, lo que en sí mismo es contrario a la supuesta propia naturaleza del coste. Además, los cargos se aplican por cada entrada adquirida, sin relación a la prestación de un servicio real al consumidor, que es quien gestiona todo el proceso de compra.
A esto tenemos que sumarle que los costes por gastos de gestión no aparecen en la publicidad del festival o concierto, es decir, no es conocido por las personas consumidoras hasta el momento en que se inicia el proceso de compra. Algo que resulta contrario a lo que indica la Ley de Consumidores y Usuarios, en la que se exige que esta información debe aparecer en la publicidad (art 60.2.c.).
El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha advertido de que estos costes solo son legales si se trata de servicios que efectivamente reciben los consumidores finales, no de servicios que se prestan a las empresas; o si estos se han indicado en la publicidad del evento. Además, para un mismo evento o espectáculo, estos costes adicionales no pueden variar en función del precio de la entrada, ni ser un porcentaje de este, salvo que se justifique por ofrecer servicios adicionales al consumidor. Tampoco pueden ser superiores a los costes adicionales que se apliquen al adquirir presencialmente la entrada.
Desde CECU instamos a las personas consumidoras a revisar cuidadosamente las condiciones de compra y a reclamar ante cualquier irregularidad. En caso de modificación sustancial del evento o gastos de gestión abusivos, se puede acudir a organismos de consumo o interponer reclamaciones a través de la propia promotora o empresa de ticketing.
‘En un momento en el que los festivales se han convertido en experiencias masivas, no se puede permitir que los derechos de quienes pagan por ellas se vean atropellados por decisiones empresariales o por sobrecostes opacos. La transparencia y el respeto a los derechos de las personas consumidoras deben estar en el centro’, concluyen desde el área jurídica de CECU.
