Organizaciones sociales reclaman al Gobierno tomar medidas urgentes frente a las prácticas de discriminación inmobiliaria

• Asociación Rumiñahui, CEAR, CECU, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Provivienda y Red Acoge presentan una proposición no de ley para reclamar al Gobierno que tome acción frente a la discriminación inmobiliaria contra las personas migrantes

• “Se debe vigilar, sancionar y facilitar las denuncias de situaciones de discriminación residencial, puesto que se está dificultando doblemente el acceso a la vivienda de las personas migrantes y refugiadas”, afirman desde las organizaciones firmantes

Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda y Red Acoge han registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley (PNL) apoyada por los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos y BNG por el Grupo Mixto; y 50 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de instar al Gobierno a tomar partido ante la situación de discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas en el acceso a la vivienda. Según el reciente informe publicado por Provivienda ¿Se Alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias, ya sea bloqueando directamente el acceso a la vivienda o dificultándolo mediante el aumento de los requisitos exigidos para acceder a ella, intensificando además los procesos de segregación urbana ya existentes

“La discriminación residencial se ha profundizado y está abocando a las personas migrantes y refugiadas a situaciones de vulnerabilidad extrema”, apuntan desde las organizaciones. “Muchas encuentran en el subarriendo de habitaciones la única vía para acceder a una vivienda, lo que las deja legalmente desamparadas frente a prácticas abusivas, o sufren situaciones de hacinamiento habitacional”. Todo ello, a su vez, impacta gravemente en el ejercicio de otros derechos como el acceso a la sanidad o a la educación, entre otros, al dificultar el empadronamiento de las personas migrantes.

A pesar de que la discriminación inmobiliaria está prohibida, tanto por la Constitución, como en la Ley por el Derecho de Acceso a la Vivienda y en la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, no existe una política pública que impulse medidas efectivas y mecanismos de seguimiento y sancionadores dirigidos a evitar prácticas que vulneran la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a un derecho fundamental como el acceso a una vivienda digna.

Ante esta situación, las organizaciones promotoras de la PNL instan al gobierno a:  

1. Adoptar medidas para que las autoridades competentes apliquen de manera efectiva la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuando particulares, empresas o inmobiliarias impidan acceder al alquiler y compra de vivienda por cuestiones de discriminación racial o étnica. Para ello es necesario constituir, reglamentar y dotar de recursos la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo cuyo fin es garantizar la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación. Todo ello, respetando el marco competencial establecido y sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda.
2. Incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026 – 2029 medidas inclusivas y financiación suficiente que garantice un acceso equitativo a la vivienda a todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa.
3. Regular los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se eviten procedimientos discriminatorios, sin menoscabo de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda.
4. Desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin. Este modelo evita las malas praxis, ofrece garantías y, además, es un sistema eficiente y eficaz para bajar los precios de mercado.
5. Elaborar campañas de información sobre los derechos de las personas arrendatarias dirigidas especialmente a la población migrante, con énfasis en la normativa de no discriminación residencial y programas de sensibilización dirigidos a profesionales del sector inmobiliario y propietarios, para prevenir conductas discriminatorias o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin. 
6. Incrementar los recursos para ejercer la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y la labor sancionadora como mecanismo disuasorio de prácticas de discriminación inmobiliaria.
7. Promover procedimientos accesibles, efectivos y seguros para facilitar la denuncia de víctimas de discriminación residencial, incluyendo la simplificación de los trámites, así como la asignación de asistencia legal gratuita, en coordinación con los servicios de identificación, registro y denuncia de casos discriminación, como el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE. 
8. Fomentar la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, para analizar y publicar informes sobre estas prácticas.

Organizaciones que han firmado el manifiesto de apoyo: AESCO ONG, ACTIVAT ABOGADOS, Asociación Marroquí Para la Integración de los Inmigrantes, Asociación Obatalá, València és Refugi, Asociación Amanecer Solidario -ASOL-, Fundación Terra de Acogida, Asociación Colectiva AfroLatidos, Red Interlavapies, Rsp Latina Carabanchel, CIEs No Madrid, El MAT “El Mundo y África Trabajan”, Radio Jiribilla Ukuaji, Asociación antirracista de madres de afrodescendientes, El sur también eres tú, Alianza por la Solidaridad – ActionAid, Asociación Territorio Doméstico, Asociación Senda de Cuidados, FUNDACION ACOBE, CONVIVE – Fundación Cepaim, ASOCIACION DE MIGRANTES DE GALICIA-AMIGA, Liga Española de la Educación, Novact, València Acull, Grupo de diálogo interreligioso de Murcia (GRIM), ASOCIACIÓN GUADA ACOGE, Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe, ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA – APDHE, ASOCIACIÓN POR TI MUJER, Asociación Columbares, MOVIMIENTO POR LA PAZ – MPDL, Douze Solutions Asociación, Amnistía Internacional, Observatori DESCA, Fundación Oxfam Intermon, HOGAR SÍ, Asociación de la Comunidad Hondureña en España ACHE, Raíces Cruceñas, Solidaridad Sin Fronteras, MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA, FEDELATINA, ASOMCEGUI, Asociación de trabajadoras de hogar y cuidados «JUNTAS NOS CUIDAMOS», Asociación Mujeres Voces y Resistencias, CEES Rioja, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA, La Tavaya CS CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), CCOO de La Rioja.

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