En el contexto actual de crisis energética, económica y social, es urgente dotar a las personas consumidoras de todas las herramientas necesarias para reducir su consumo energético al mínimo, sin poner en riesgo su salud y bienestar, garantizando el derecho de todas a un suministro energético básico. Tradicionalmente, las administraciones han enfocado esta cuestión por el lado de la factura, ya sea a través del bono social o reduciendo impuestos. Sin embargo, la eficiencia energética sigue siendo la gran olvidada, cuando es una solución mucho más estable y, además, mucho más rentable.
La rehabilitación energética es clave para esa necesaria reducción de la demanda energética. Si nuestros edificios y viviendas no están adecuadamente acondicionadas, se convierten en sumideros por los que se escapa la energía y, con ella, nuestro dinero. No obstante, la responsabilidad de llevar a cabo estas obras no puede recaer sobre las personas consumidoras. Muchas de ellas no pueden hacer frente a este gasto, especialmente si tenemos en cuenta la cantidad de población que está en situación de vulnerabilidad y pobreza energética en el contexto actual. La pobreza energética no es culpa de quien la sufre, sino consecuencia de un mal funcionamiento del sistema, por lo que es obligación de nuestras administraciones públicas hacer frente al problema. Pese a ello, en España no se han aportado soluciones reales e innovadoras que hayan proporcionado resultados positivos.
Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU hemos llevado a cabo una encuesta a través de los servicios de investigación de la agencia Simple Lógica, con el objetivo de analizar los comportamientos de las personas consumidoras en el uso de energía y detectar los obstáculos o barreras que encuentran para implementar medidas de mejora de la eficiencia energética en los hogares, con especial atención a la población vulnerable.
