el pasado mes de noviembre se convocó una huelga en el transportes de la zona sur de Madrid (Getafe, Parla, etc.) en reclamación de mejoras de los trabajadores que afectó a una veintena de líneas y 165.000 pasajeros; en Madrid, más de 200 pasajeros se echan a la vía del tren por largos retrasos sin recibir explicaciones; en Andalucía se produce el descarrilamiento de un tren con 37 heridos por mal estado de las vías a causa de las lluvias; un tren que tarda más de 5 horas entre Madrid a Talavera por una avería; una manifestación de habitantes de Extremadura y Castilla la Mancha por no tener un transporte por ferrocarril adecuado; conductores que dan positivo en análisis de drogas, incluso en vehículos escolares; atascos en las entradas a las grandes ciudades por no haber vías exclusivas para el transporte público; retrasos constantes en las líneas de Cercanías…estas son algunas de las grandes y graves incidencias ocurridas en los últimos meses.
¿Por qué no se está cuidando el transporte público en España?
Como representantes de los consumidores exigimos a los gobiernos, tanto nacional como autonómicos, que, al igual que desde CECU pedimos a los usuarios que utilicen el transporte público para reducir lo máximo posible la contaminación y no contribuir a acelerar el cambio climático, como responsables del transporte público pongan las medidas suficientes y necesarias para que este sea de calidad y que cubra las «necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso» (Art. 4.1 LOTT) para que, de una vez por todas, tengamos unas ciudades más habitables y con menos contaminación.
El transporte es público y un servicio necesario para millones de personas, por lo que si es necesario subvencionarlo siempre será un dinero mejor invertido que hacer tantas carreteras que luego no se utilizan y grandes inversiones en infraestructuras del AVE (que ni siquiera cubren los gastos) en detrimento del ferrocarril convencional, a los que no tienen acceso todas las personas.
