- Las medidas que deberán ser convalidadas por el Congreso este viernes 2 de octubre incluyen la moratoria de desahucios hasta el 2030, avances en la protección de los contratos de alquiler y una propuesta de renovación automática de los contratos de arrendamiento, medidas que venían reclamándose desde la plataforma.
- Las organizaciones han hecho una proyección inicial basada en datos oficiales que indica que las medidas podrían proteger a 5’8 millones de hogares con 14.500.000 de personas.
La coalición #NiUnDesahucioMás, de la que forman parte más de 100 organizaciones de la sociedad civil, valora como necesarios los dos decretos adoptados por el gobierno en materia de vivienda, conseguidos gracias a la movilización e indignación social como respuesta al desahucio inhumano de Maricarmen en Madrid el pasado 23 de septiembre. Con los datos oficiales en la mano, las organizaciones estiman que estas medidas podrían beneficiar a 5,8 millones de hogares, es decir, a más de 14 millones y medio de personas. A la vez, hacen un alegato a continuar este camino introduciendo en la legislación y las políticas públicas cambios estructurales para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada de forma integral.
Dentro de las medidas incluidas en el primer Real Decreto Ley (RDL 26/2026) que se han valorado como positivas, se destacan la prohibición de desahucios de familias vulnerables hasta el año 2030 y la necesidad de realojarlas–recuperando y ampliando así la moratoria derogada en febrero, que podría proteger miles familias-; la inclusión del alquiler de habitaciones y de temporada bajo el régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos -evitando el fraude y reforzando los derechos de los inquilinas-; la prórroga extraordinaria obligatoria y por dos años de los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, que podría proteger hasta 1,9 millones de contratos; la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los alquileres vigentes para 2027 ante el aumento de la inflación y el coste de la vida; y la introducción de la enervación obligatoria por parte de las administraciones para compensar a los arrendadores las rentas impagadas y así evitar demandas judiciales y desahucios de inquilinas vulnerables –salvaguardando el contrato- y la habilitación normativa para la regulación de los proveedores sociales de vivienda, que será fundamental para las políticas de provisión de vivienda asequible, social y/o pública en el mediano y largo plazo.
Aun así, se han detectado distintas cuestiones que pueden provocar problemas o lagunas en su aplicación, restando eficacia a las medidas y que se deberían corregir en el futuro. Entre ellas destacan la falta de definición de criterios para determinar si una alternativa habitacional es adecuada, la aplicación temporal durante un máximo de cuatro años de la moratoria, o la falta de claridad sobre su ámbito de protección. El Real Decreto Ley también incluye medidas claramente mejorables o mal planteadas. Las medidas de fiscalidad carecen de proporcionalidad, siendo los arrendadores quienes obtienen mayores rebajas fiscales ante reducciones mínimas en las rentas; o la prohibición de las compras especulativas, medida que es extremadamente laxa y con numerosos supuestos para evitar su aplicación, lo que puede provocar su ineficacia.
Por lo que respecta al segundo Real Decreto Ley (27/2026), la coalición valora positivamente la introducción de la renovación automática de los contratos de alquiler, que cada cinco o siete años, siempre que el arrendador no decida no renovar el contrato de arrendamiento por causas justificadas, como necesidad de la vivienda para sí o sus familiares, porque la persona inquilina no ha residido en la vivienda en los últimos 6 meses o porque ésta dispone de una vivienda que puede habitar. En caso de que no existan causas justificadas, la resolución del contrato por parte del arrendador obligaría a éste a pagar una indemnización en favor del inquilino igual a 12 mensualidades de una vivienda de análogas características a la arrendada, calculada en base al sistema de índices de referencia, y sin que pueda ser inferior a una mensualidad por cada año que la persona inquilina haya residido en la vivienda. Esta medida daría estabilidad y seguridad a los más de 10 millones de personas que viven de alquiler en España, aproximando la protección de alquileres a países como Alemania, Francia o Reino Unido.
En conclusión, la coalición de organizaciones diversas que surgió para mantener la primera moratoria de desahucios adoptada en el Estado español hace un llamado público a los grupos parlamentarios para que voten favorablemente los dos decretos de vivienda.
En términos de derechos, consideran que hubiera sido mejor opción aprobar todas las medidas en el mismo decreto, incluyendo mejoras y blindando su eficacia, pero es indiscutible que millones de personas mejorarán su situación de vivienda y derechos si las mencionadas medidas se aprueban. A través de una proyección inicial basada en datos oficiales, se calcula que las 3 medidas principales podrían proteger potencialmente a unos 5’8 millones de hogares, es decir a un total de 14.500.000 personas (122.683 protegidas por la moratoria de desahucios, 4.731.000 por la prórroga extraordinaria de alquileres y 9.711.000 por la renovación indefinida de los contratos)[1].
La coalición acoge con inmensa alegría y celebra el acuerdo conseguido por el Sindicato de Inquilinas y por la letrada de Maricarmen, para que pueda volver a la vivienda que ha sido su casa durante 70 años y de donde nunca debió haber sido expulsada.
Por último, #NiUnDesahucioMás celebra el estallido de movilizaciones sociales por todo el Estado que reclama garantías para el derecho a la vivienda y hace un llamado a seguir participando en las convocatorias que se sucederán a lo largo de esta semana, empezando por la concentraciones-caceroladas convocadas hoy jueves 1 de octubre en todos los Ayuntamientos a las 20h, en la víspera de la votación de ambos decretos mañana en el Congreso de los Diputados.
Ni una Maricarmen más, #NiUnDesahucioMás, #NiUnaFamiliaSinVivienda
Entidades firmantes: https://niundesahuciomas.org/
[|] Las fuentes oficiales de datos son: el informe del ODESCA basado en datos del Gobierno de España para estimar el impacto potencial de la moratoria incluida en el RDL 26/2026 suponiendo que evita una cifra similar de lanzamientos anuales que la suspensión derogada del RDL 11/2020 (11.593 lanzamientos anuales suspendidos de hogares vulnerables que se proyectan ahora a 4,25 años de duración de la nueva moratoria, consultar el informe en: https://observatoridesca.org/descarrega/legacy/publication/files/a9_informe_1.pdf), la estimación reciente del Ministerio de Consumo para proyectar la protección potencial que aportaría la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta 2028 (1.9 millones de hogares amparados, cifra que ya ha sido publicada por la prensa: https://www.elperiodico.com/es/economia/20261001/consumo -contratos-alquiler-prorroga-134857169), la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025 para calcular el número de hogares inquilinos actuales en España que potencialmente se podrían beneficiar de la renovación indefinida de sus contratos vigentes (3.900.000). Para obtener la población total que podría beneficiarse de las tres medidas mencionadas, se multiplican el número de hogares totales por el tamaño medio del hogar en el estado español en 2026 según el INE (Nota de Prensa: Proyección de hogares. Años 2026 – 2041). Aunque los potenciales beneficiarios de las medidas de la prórroga extraordinaria y de la renovación indefinida podrían coincidir en caso de aprobarse ambas medidas, se han calculado por separado porque están contenidas en decretos independientes.
