- La gigantesca recopilación de datos personales por parte de la Big Tech sería contraria a los principios de legalidad, equidad, minimización de datos y limitación de la finalidad del RGPD.
- La opción de «pagar o consentir» que Meta ha impuesto a las personas consumidoras supondría una “cortina de humo” para ocultar el verdadero problema del tratamiento ilegal de datos.
- Esta reclamación se suma a la ya presentada por CECU –junto con BEUC y otras organizaciones de consumidores- en noviembre de 2023 ante las autoridades de consumo, en la que se denunciaban las prácticas de marketing desleales, engañosas y agresivas mediante las cuales Meta imponía una falsa opción a las personas consumidoras.
CECU junto con otras siete organizaciones de personas consumidoras, todas miembro de la red BEUC, han presentado hoy denuncias contra Meta ante las autoridades nacionales de protección de datos (en el caso español, la AEPD), alegando que el gigante tecnológico no respetaría los principios de tratamiento leal, minimización de datos y limitación de la finalidad del RGPD.
Por su parte, Meta no tiene una base jurídica válida para justificar la recogida masiva de datos de los usuarios de Facebook e Instagram, ya que la elección que les impone no puede conducir a un consentimiento libre e informado.
Meta estaría alimentando, a través de prácticas que se pueden considerar ilegales, el sistema de anuncios basados en la vigilancia, que rastrea a las personas consumidoras en línea y recopila enormes cantidades de datos personales con el fin de mostrar publicidad. Esta es también la principal forma de obtener sus beneficios.
Ursula Pachl, Directora General Adjunta de nuestra organización europea de consumidores BEUC, ha declarado: «Meta ha intentado justificar la vigilancia comercial masiva a la que somete a sus usuarios. Su opción de ‘pagar o consentir’, manifiestamente injusta, es el último esfuerzo de la empresa por legalizar su modelo de negocio. Lo que ofrece Meta a los consumidores es humo y espejos para ocultar lo que hace desde hace tiempo: acumular información sensible sobre la vida de las personas que monetiza con su modelo publicitario. «Los modelos de negocio basados en la vigilancia plantean problemas en el marco del RGPD y es hora de que las autoridades de protección de datos acaben con el tratamiento injusto de datos de Meta y vulnerar los derechos fundamentales de las personas».
David Sánchez, director de CECU sostiene que: “Durante mucho tiempo ha prevalecido una disparidad de poder entre las grandes empresas tecnológicas y los individuos que utilizan sus servicios. Esta nueva política de ‘pagar o consentir el uso de nuestra información para publicidad’ ejemplifica este desequilibrio y resulta otra forma de intentar mantener el modelo de vigilancia comercial masiva a los que nos someten día a día. Pedimos a la AEPD que actúe para proteger a las personas consumidoras. Es necesario que haga cumplir la ley y salvaguarde los derechos fundamentales de los usuarios».
Antecedentes
Existen varias sentencias judiciales y decisiones de las autoridades de protección de datos que han empujado a Meta a cambiar la base jurídica de su recogida y tratamiento de los datos de las personas. Su último recurso es obtener el consentimiento de sus usuarios.
Como resultado, en noviembre del año pasado, Meta empezó a ofrecer a los usuarios de Facebook e Instagram la injusta y engañosa opción de pagar por ver un servicio supuestamente libre de publicidad o consentir la vigilancia comercial total de la empresa con anuncios. Por ello, CECU junto con BEUC y 18 de sus miembros ya presentamos el año pasado una denuncia ante las autoridades de protección de los consumidores por las prácticas engañosas y agresivas de la empresa. Las denuncias de hoy se basan en el RGPD y la protección de datos.
Notas:
Resumen de nuestra reclamación aquí.
Puede consultar las reclamaciones que CECU junto con BEUC y sus miembros han presentado contra Meta sobre la base de la legislación en materia de consumo aquí.
*Las organizaciones miembro de BEUC que participan en esta acción son dTest (República Checa), Forbrugerrådet Tænk (Dinamarca), EKPIZO (Grecia), UFC-Que Choisir (Francia), Forbrukerrådet (Noruega), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad (Eslovaquia), Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS (Eslovenia) y CECU (España).
