El pasado 9 de septiembre, la Comisión Europea registró la propuesta de la Ley de Vivienda Asequible de la UE. ¿Qué supone esta ley? ¿Cómo puede ayudar a las personas inquilinas?
La nueva Ley de Vivienda establece un marco común para los Estados miembros de la UE con la finalidad de proveer seguridad jurídica a la hora de que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen medidas para fomentar la asequibilidad de las viviendas. Esto no implica que las medidas propuestas sean de obligado cumplimiento.
Las principales propuestas recogidas en la Ley son la limitación del alquiler de corto plazo, la prohibición de compra de viviendas por no residentes y la definición de área de estrés habitacional.
Se considera que un área que sufre estrés habitacional debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- La ratio entre el precio de una vivienda y los ingresos medios de los hogares sea mayor o igual a ocho. Esto supone que los hogares de la zona necesiten ocho años de ingresos disponibles per cápita para adquirir una vivienda del tamaño medio en esa área.
- La ratio entre el precio de una vivienda y los ingresos haya aumentado en los últimos diez años.
- Que exista la posibilidad de que el estrés habitacional no vaya a disminuir en los siguientes tres años.
Estos supuestos deberán ser contrastados mediante datos objetivos, transparentes y verificables.
Para poder aplicar restricciones a los alquileres de corto plazo o a la compra de vivienda por parte de no residentes, la zona donde se apliquen deberá cumplir las características de área de estrés habitacional.
Desde CECU, celebramos esta propuesta de Ley de Vivienda Asequible de la UE pues supone un paso más en facilitar el acceso a la vivienda a las personas consumidoras. A pesar de esto, consideramos que es necesario acompañarla de otras medidas que garanticen su correcto funcionamiento.
En primer lugar, consideramos que es necesario crear un sistema de vigilancia efectivo del mercado de la vivienda, para que en caso de que se limiten los alquileres de corto plazo o la compra por parte de no residentes, no se sigan produciendo de manera ilegal.
En segundo lugar, es necesarios que las plataformas digitales de alquileres de corto plazo no permitan la publicación de viviendas en zonas que se prohíban o que no cumplan con los requerimientos normativos para poder dedicarse a tal finalidad. Además, las autoridades nacionales deben sancionar a aquellas plataformas que lo permitan.
Por último, solicitamos a todos los gobiernos regionales y locales que apliquen las medidas a su disposición recogidas en la Ley por el derecho a la vivienda y la Ley de Vivienda Asequible, con la finalidad de reducir la carga que supone el pago de la vivienda para las personas consumidoras.
