Desde la alianza IA Ciudadana, de la que CECU forma parte, llevamos años reclamando, desde la sociedad civil, una regulación real de la inteligencia artificial y un lugar en su gobernanza. Por eso, no podemos ignorar el nuevo ciclo de alarma sobre una supuesta «superinteligencia» que amenazaría a la humanidad. Queremos aportar con claridad:
1. No hay evidencia científica que sostenga esas teorías. Los escenarios de superinteligencia descontrolada siguen siendo una especulación, no un riesgo verificable en el estado actual de la tecnología.
2. Ese discurso beneficia, sobre todo, a las propias empresas de IA. Presentarse como la única fuerza capaz de crear y de contener una tecnología «peligrosa» les otorga el monopolio no solo del desarrollo, sino también de definir cómo debe controlarse. De ahí que reclamen «autorregulación» a su medida, en lugar de una regulación real, vinculante y centrada en los derechos humanos.
3. Mientras se habla de riesgos futuros, los daños ya están aquí. El uso de sistemas de IA en la vigilancia biométrica masiva, el uso de IA generativa para deshumanizar a colectivos y la generación de contenido falso e incendiario son daños existentes a día de hoy y sumamente denunciados por organizaciones de la sociedad civil. Estos son los riesgos reales, medibles y presentes que deberían de estar presentes en el debate público.
4. Quienes hoy piden regulación son quienes más han pagado para vaciarla. Según el informe EU corporate lobby league 2026, publicado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, el sector tecnológico encabeza el gasto en lobby ante las instituciones europeas, con un mínimo de 73 millones de euros anuales solo entre los grandes actores tecnológicos, destinado en buena medida a oponerse a normas fuertes de protección de derechos digitales. Y los resultados están a la vista: el ómnibus de IA ha logrado retrasar las principales obligaciones del Reglamento Europeo de IA respecto de los sistemas de IA de alto riesgo, reducir la información pública del Registro Europeo de Sistemas de IA o limitar el alcance de las evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales; mientras que el ómnibus digital amenaza con debilitar las garantías del Reglamento General de Protección de Datos, entre otras cuestiones debilitando lo que es considerado, o no, dato personal y pretendiendo facilitar su tratamiento para «favorecer» el entrenamiento de IA en Europa.
Desde IA Ciudadana recordamos las exigencias y demandas que hemos ido repitiendo los últimos años:
- Necesitamos una regulación de la IA centrada en los derechos humanos, no en los intereses de la industria.
- Exigimos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas reales, no auto-regulación voluntaria.
- Demandamos participación efectiva y vinculante de la sociedad civil en los espacios de gobernanza de la IA.
- Reclamamos el fin de los procesos de desregulación encubierta, como el ómnibus IA, ómnibus digital y similares impulsados por la Comisión Europea, que erosionan derechos ya conquistados.
- Por último, recordamos que el debate público debe centrarse en los impactos reales y actuales de la IA, no en distopías futuras que sirven de cortina de humo, generan alarmismo y favorecen los relatos de las grandes tecnológicas.
Sobre IA ciudadana
IA ciudadana es una coalición de organizaciones que trabajan para defender los derechos
humanos en el contexto de las tecnologías digitales. Su objetivo es ampliar los espacios de
participación de la sociedad en la regulación y en la gobernanza de la inteligencia artificial y
los algoritmos, con el fin de conseguir que estas tecnologías promuevan la justicia social.
Forman parte de la coalición: Civio, Political Watch, AlgoRace, Lafede – justícia global,
Oxfam, Algorights, Komons, DigitalFems, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC),
Observatorio Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), Iridia y CECU.
Organizaciones observadoras: Amnistía Internacional, Fundación Secretariado Gitano,
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, XNet, Red Acoge y Novact.
