En España y, también, en la Comunidad de Madrid, se vulnera sistémicamente el derecho a la vivienda. Es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución Española, que en su artículo 47 protege el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
La vivienda no es un bien cualquiera, ni el derecho a la vivienda es un derecho cualquiera: sobre él se construyen muchos otros derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a formar una familia, en fin, el derecho a una vida digna. Pero la vivienda es un bien de mercado, donde su utilidad para las personas, para radicar la vida, queda en un segundo plano con respecto a su uso como bien a rentabilizar, como forma de extraer beneficios, como objeto de la especulación inmobiliaria.
Así, en la Comunidad Autónoma de Madrid, la vivienda no es accesible a buena parte de la población. El parque de vivienda pública y social es exiguo, los alquileres se disparan hacia la estratosfera mientras que el turismo ejerce una presión desmesurada sobre el alquiler residencial a través de los pisos turísticos, y la ciudad se convierte en un parque de atracciones para las visitas, especialmente la ciudad de Madrid, y no en un lugar habitable para las vecinas y vecinos. En consecuencia, el mercado de la vivienda no es asequible: los precios de compra y alquiler son demasiado elevados, y siguen creciendo, mientras que los requisitos para alquilar son imposibles de cumplir por muchas arrendatarias, e incluso discriminatorios por motivos de edad, raza, género,
discapacidad, renta o procedencia.
Todo lo descrito tiene terribles consecuencias para familias y personas: crecen los desahucios, el hacinamiento, el sinhogarismo y la marginalidad, la penosidad de las familias monomarentales, mientras que decrecen las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes. Por eso hablamos de una emergencia habitacional. Un país, una comunidad, en el que un porcentaje no desdeñable de la población no puede acceder a un hogar seguro, o se deja en ello la mayor parte de sus ingresos; a una vivienda que es un requisito mínimo y fundamental para la existencia, no puede llamarse un país,
o una comunidad, decente. Porque #ViviendaEsVida En consecuencia, es obligación de las autoridades, tanto municipales, autonómicas y estatales, como judiciales, en la Comunidad de Madrid, cambiar el estado actual de las cosas, mediante la cooperación y la colaboración institucional, en la aplicación de unas políticas activas y una interpretación de la ley en el contexto del derecho internacional, que aseguren el derecho humano a la vivienda.
Para ello exigimos:
1. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda, que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.
2. La aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado y desarrollo de convenios de aplicación de programas del Plan Estatal de Vivienda con gestión transparente y aplicación eficiente, garantizando que se utilizan la totalidad de fondos estatales disponibles para la Comunidad de Madrid.
3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social. Reclamamos que desde las competencias autonómicas se adopten las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb.
4. Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.
5. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.
6. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y laaprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.
7. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía.
Para que la vivienda sea un bien social y no un privilegio, hoy 2 de octubre de 2023, Día mundial del Hábitat, las asociaciones abajo firmantes constituimos la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, en defensa, en fin, de una vida digna para toda la ciudadanía.
Amnistía Internacional, Attac, CAES, CCOO, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Consejo de la Juventud, Coordinadora de Vivienda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación Realidades, Fundación San Martín de Porres, Plataforma Luz, Provivienda y UGT.
