- Un año después, se siguen registrando episodios de cianobacterias tóxicas y contaminación en el embalse de As Conchas, que se han observado también en la presa portuguesa de Lindoso.
- En la demanda se solicita la declaración de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos, así como una moratoria a nuevas explotaciones de ganadería industrial y a ampliaciones de las existentes mientras no se revierta la degradación ambiental, entre otras medidas.
Vecinos y vecinas de As Conchas (Ourense), con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, han presentado una demanda para solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ejecución forzosa de la sentencia histórica[1] que declaró vulnerados sus derechos fundamentales debido a la inacción de las administraciones ante la contaminación procedente de la ganadería industrial en la cuenca del río Limia, con especial incidencia en el embalse de As Conchas.
En julio de 2025, el TSXG concluyó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) habían vulnerado derechos fundamentales de la población local[1], incluidos el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua. La sentencia también reconoció que esta vulneración estaba provocada por la inactividad de ambas administraciones, a pesar de conocer desde hace años la situación de contaminación procedente de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia.
La resolución ordenó a la Xunta y a la CHMS adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para poner fin a la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno y garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura para la población de la zona. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo confirmó definitivamente la sentencia al inadmitir los recursos presentados por ambas administraciones [2].
Sin embargo, más de un año después de la sentencia y varios meses después de que esta adquiriera firmeza, la comunidad de As Conchas y las organizaciones que les respaldan denuncian que las medidas exigidas por el tribunal siguen sin aplicarse. [3]
La demanda de ejecución no pretende sustituir a las administraciones en el ejercicio de sus competencias, sino garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia firme mediante la adopción de las medidas necesarias para restaurar el medio ambiente y proteger los derechos fundamentales cuya vulneración ya fue declarada por el tribunal.
Nieves Noval, abogada senior de ClientEarth, afirma: “En julio de 2025, un tribunal declaró que las administraciones habían vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de As Conchas y el Tribunal Supremo lo ha confirmado. Las administraciones han tenido la oportunidad de cumplir la sentencia voluntariamente. No lo han hecho. Ahora corresponde al tribunal garantizar su ejecución. Porque los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado. Todas y todos tenemos derecho al pleno disfrute de nuestros derechos fundamentales y a que las sentencias firmes se cumplan”.
Actuaciones insuficientes
La demanda presentada señala que las únicas actuaciones comunicadas hasta la fecha consisten en el pago de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y la toma de muestras de calidad del agua. Estas actuaciones son insuficientes para cumplir una sentencia que obliga a poner fin a la degradación ambiental de la cuenca, garantizar agua potable segura y restaurar el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya vulneración fue reconocida por el propio tribunal.
Mientras tanto, la situación ambiental no ha mejorado. La demanda indica que durante el último año se han seguido registrando episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas, persisten los problemas de contaminación y olores que sufren las comunidades locales y existen indicios de afectación aguas abajo, incluida la presa portuguesa de Lindoso.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, señala: “Retrasar la ejecución de la sentencia pone en peligro a la población de la zona, demuestra una gran falta de responsabilidad y vulnera sus derechos fundamentales. La resolución del tribunal es contundente e igual debe ser la acción de las administraciones que ahora deben tomar las riendas y proteger a la ciudadanía y su entorno. Es urgente restaurar la zona y restablecer el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano.”
Las organizaciones recuerdan que la sentencia ya identificó, entre otras, actuaciones concretas que las administraciones debían impulsar para revertir la situación, incluyendo estudios ambientales y sanitarios, programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión que soporta la cuenca.
En la demanda de ejecución presentada ante el TSXG, las demandantes desarrollan las actuaciones identificadas por la propia sentencia como necesarias para garantizar su cumplimiento efectivo y solicitan su cumplimiento. Entre ellas se encuentran la declaración de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos; una moratoria para nuevas explotaciones ganaderas industriales y para la ampliación de las existentes mientras no se revierta la degradación ambiental; programas integrales de inspección y control ambiental; sistemas reforzados de vigilancia de la calidad del agua y de los pozos destinados al consumo humano; protocolos de alerta rápida a la población; y planes de seguimiento de episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el medio ambiente.
Por ello, la demanda de ejecución forzosa solicita al tribunal que garantice el cumplimiento íntegro y efectivo de la sentencia, obligando a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para poner fin a la degradación ambiental de la cuenca del río Limia y restablecer el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya vulneración fue declarada por el TSXG.
Asimismo, las demandantes solicitan que el Tribunal establezca plazos, responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, y que las administraciones informen periódicamente sobre las actuaciones adoptadas, de forma que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas por la sentencia.
David Sánchez, director de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, añade: «La sentencia de As Conchas ponía de manifiesto la gravedad del impacto de la contaminación sobre los derechos fundamentales de la población. La respuesta de las administraciones públicas no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros. Tienen que actuar de forma urgente y coordinada para restaurar los derechos de la población de la zona».
Notas:
[3] Opinión: Un año de la sentencia pionera de As Conchas: la ciudadanía reclama su cumplimiento.
