Ante los graves incendios que afectan a Ávila, la Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón, y que se suman a los ya sufridos este verano en Almería, Guadalajara y otros puntos del país, el Foro Acción Rural (FAR) traslada su solidaridad con la población evacuada y confinada, y reclama que la respuesta a esta emergencia incorpore, de forma central y no coyuntural, la lucha contra la despoblación y el abandono del medio rural.
El FAR quiere expresar su reconocimiento y gratitud a los equipos de extinción, a la UME, a los servicios de emergencia, bomberos forestales, agentes medioambientales y a la población voluntaria que, un año más, se dejan la piel para proteger vidas, viviendas y territorio, y transmite su cercanía a quienes han perdido su casa, su explotación o a un ser querido.
Ante esta realidad, el FAR insta a las administraciones y fuerzas políticas a pasar de las palabras a la acción, implementando medidas estructurales que aborden las causas de fondo del problema y garanticen un medio rural vivo y resiliente. El Foro de Acción Rural reclama a las administraciones competentes y a todas las fuerzas políticas:
- Rediseñar la estrategia de lucha contra los incendios forestales, priorizando la prevención activa en las zonas de medio y alto riesgo, y manteniendo de forma estable, con condiciones laborales dignas, los recursos humanos y materiales para la vigilancia y la extinción durante todo el año, no solo en campaña de verano.
- Impulsar la ganadería extensiva y el pastoreo como herramientas de prevención, por su papel en el control del combustible vegetal y la creación de mosaicos paisajísticos que frenan la propagación del fuego.
- Dotar de presupuesto suficiente y estable la gestión forestal sostenible: instrumentos de ordenación, asociacionismo de propietarios forestales y puesta en valor de la madera y la biomasa local.
- Favorecer el relevo generacional y la fijación de población en el medio rural, actualizando la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y creando la Mesa Estatal del Medio Rural, con participación real de la sociedad civil, para que la prevención de incendios se planifique junto con quienes viven y trabajan el territorio.
- Efectividad en la aplicación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, donde existe obligación de los propietarios de terrenos y los ayuntamientos a cuidar y mantener limpias estas zonas para frenar incendios, y de las Comunidades Autónomas a planificar, autorizar y vigilar todas las actuaciones en el terreno forestal.
La superficie quemada en 2026 supera ya las 170.000 hectáreas, con episodios críticos en Ávila, Madrid y Guadalajara que han obligado a evacuar a miles de personas. Estos casos, junto a los fuegos en Castellón y Almería, evidencian una falta de medios operativos estables en los municipios. La carencia de una intervención temprana y rápida, como se ha visto en Madrid y Vall d’Uixó, resulta fundamental en la evolución de estos grandes incendios.
El Cambio climático es una evidencia científica que afecta al territorio
La Comunidad científica es concluyente. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC constata que el calentamiento global de origen humano, ya cercano a 1,1 grados respecto a la era preindustrial, está detrás del aumento en frecuencia e intensidad de las olas de calor, las sequías y los incendios forestales, y advierte de que estos fenómenos seguirán agravándose mientras no se reduzcan las emisiones. Un estudio internacional con participación del CSIC, que ha revisado más de 500 investigaciones científicas, confirma que el número de días con riesgo meteorológico extremo de incendio se ha duplicado en la cuenca mediterránea en las últimas cuatro décadas como consecuencia directa del calentamiento global. Y un análisis de atribución climática ya relacionó los incendios extremos que sufrieron España y Portugal el verano pasado con el cambio climático de origen humano, una conexión que todo apunta a que la campaña de 2026 volverá a confirmar.
Los datos de este verano lo corroboran: según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la primera quincena de julio ha sido la más cálida desde que existen registros, en 1961, con una temperatura media 3,3 grados por encima de lo normal, y España ha encadenado ya dos olas de calor en apenas seis semanas, con máximas cercanas a los 44 grados en el sur. Los sistemas de vigilancia sanitaria atribuyen además miles de muertes al calor extremo en lo que va de año. Ese calor extraordinario, unido a una sequía persistente que seca la vegetación, es el motor principal de que el fuego se esté comportando esta campaña con una virulencia y una velocidad de propagación sin precedentes, y confirma que ya no hablamos de episodios aislados, sino de una tendencia que la ciencia lleva años anticipando y que se agrava año tras año. A las pérdidas humanas y materiales, se une la de paisajes de alto valor ecológico, claves para el sustento de la biodiversidad y las actividades económicas en el medio rural.
A la causa climática se suma un factor estructural: el estudio del Eixo Atlántico sobre el suroeste europeo confirma que la despoblación y el abandono de la actividad agraria multiplican el riesgo de incendio. El FAR advierte desde 2017 que un monte sin gente, sin ganadería extensiva y sin gestión activa es un monte más vulnerable al fuego. Estos factores de abandono del medio rural se ven multiplicados por la emergencia climática, sustentada por toda la evidencia científica, y que cada vez ataca más al medio rural y a las personas que viven y trabajan en él.
Más allá, el FAR solicita a las fuerzas políticas rigor en la comunicación, basada en la ciencia, para frenar la crispación en un momento extremadamente delicado para las poblaciones afectadas. Sólo el abandono del enfrentamiento permitirá la búsqueda de soluciones de consenso, contando con todas las escalas administrativas, desde lo local hasta lo estatal.
Un Pacto de Estado que no puede quedarse solo en el fuego
El Gobierno ha planteado la necesidad de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, e invita al resto de fuerzas políticas a sumarse. El FAR valora positivamente cualquier iniciativa que busque un consenso amplio y duradero frente a una crisis que, como demuestran estos incendios, ya cuesta vidas, viviendas y territorio, y anima a todas las formaciones políticas a abordar esta propuesta con responsabilidad y altura de miras.
Ahora bien, un pacto de esta naturaleza solo será eficaz si incorpora, con la misma prioridad que la mitigación de emisiones, la cohesión territorial y el desarrollo rural sostenible: la despoblación no es un efecto colateral de la emergencia climática, es parte de sus causas y debe ser parte de su solución. El FAR recuerda que ya defendió esta misma idea a propósito del Pacto de Estado en su posición sobre alimentación sostenible y medio rural, e insiste en que las organizaciones agrarias, ambientales, sindicales y de desarrollo rural deben tener un asiento en el diseño y la gobernanza de este acuerdo.
El FAR reitera su disposición a aportar, como lleva haciendo desde su constitución, el conocimiento y la experiencia de sus organizaciones miembro para construir una respuesta a la altura de la emergencia que vive el país.
