A falta de poder estudiar en profundidad la sentencia, la decisión genera dudas sobre cómo se van a devolver los importes y, en este sentido, no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios.
Por otra parte, esta sentencia contra la financiación del bono social puede poner en entredicho su existencia, en las condiciones actuales, y, por tanto, la Administración debe ponerse a trabajar para generar un sistema de ayudas adecuado, que llegue a las familias que lo necesitan garantizando su acceso a un bien básico como es la electricidad y que esté a salvo de futuros varapalos jurídicos como el sufrido.
La situación generada con esta sentencia es un síntoma más del deficiente modelo energético que tiene nuestro país y que requiere, como CECU ha comentado en múltiples ocasiones, de un replanteamiento completo y no de parches que, como vemos, acaban generando más problemas que soluciones.
