PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Justificación

La Constitución Española en su artículo 51.2 encomienda a los poderes públicos una labor de promoción de la información de la educación de los consumidores, marcando la línea de actuación para la protección del consumidor. La Ley 16/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como uno de los derechos básicos de los consumidores en su artículo segundo el derecho a una “información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”.

La protección y la defensa de los consumidores y usuarios se articula de este modo a través del derecho a la información, de forma que un mejor conocimiento de los productos y servicios que nos ofrece la sociedad actual determina una actuación más consciente en el uso de los mismos. En este sentido es fundamental el carácter instrumental de la información, ya que el contenido de la misma determinará la contratación de bienes y servicios, tanto en un momento previo al contrato como en la ejecución del mismo.

Por ello, los diferentes aspectos de un producto o un servicio deben ser examinados con cautela por el consumidor en función del carácter publicitario de la información precontractual proporcionada, ya que la mayor parte de las informaciones que se facilitan tienen por objetivo la contratación directa, sin que se pueda distinguir claramente el carácter objetivo de tales afirmaciones y prestar en consecuencia un consentimiento adecuadamente informado.

La especial protección del consumidor a través de actividades de formación e información se fundamenta en la situación de desigualdad de conocimientos sobre los productos y servicios, ya que quienes los ofrecen son quienes disponen de la información más completa, la cual debe trasladarse a los consumidores y usuarios de forma clara y sencilla evitando la falta de transparencia en el mercado.

El artículo 13 LGDCU responde a esta necesidad estableciendo el denominado derecho a la información, a la que, como mínimo tienen derecho todos los consumidores y usuarios respecto de los bienes y servicios que les son ofertados y puestos a su alcance en el mercado. Esta información deberá cumplir con los requisitos de veracidad, eficacia y suficiencia, de modo que contenga datos ciertos, que no induzcan a error en el empleo de los mismos, se encuentre expresada en términos comprensibles para que pueda ser entendida por la generalidad de los consumidores, y resulte de utilidad práctica.

Pero la información también tiene un carácter preventivo en el caso de la detección y difusión de fraudes dirigidos al usuario. El conocimiento de la existencia de situaciones fraudulentas es la mejor herramienta para la protección de los intereses económicos de los consumidores. Por ello, es fundamental un consumidor formado e informado que sea capaz de detectar esta situación y evitar posibles daños materiales o personales.

No obstante, también es muy significativa la información que se proporciona mediante la respuesta a las consultas remitidas por los consumidores a la Confederación a través de diferentes medios (por correo electrónico, por correo postal, por fax, por teléfono) con el objetivo fundamental de asistencia al consumidor con carácter previo a la contratación.

La recepción inicial de la reclamación por la Confederación permite la identificación del problema que se plantea y el análisis de la vía de reclamación más adecuado en orden al objeto de la queja que se expone. En un momento posterior como en la ejecución del contrato, el consumidor que recibe orientación, es informado acerca de cuáles son sus derechos, de si se han respetado o no en ese caso, y de cuál es la vía más recomendable para hacerlos valer.

Al tratarse de bienes y servicios que se adquieren y emplean con frecuencia, esta formación le permite enfrentarse a esa misma situación en el futuro con herramientas más potentes de las que valerse para exigir el respeto de sus derechos.


Objetivos

• Incrementar la información de los usuarios acerca de sus derechos.

• Dar a conocer los requisitos mínimos de información que deben proporcionarse a los usuarios para un correcto uso de los bienes y servicios puestos a su disposición.

• Prevenir a los consumidores de posibles fraudes.

• Contribuir, mediante la eliminación de obstáculos, al correcto funcionamiento del mercado interior, favoreciendo la circulación de bienes y servicios en el ámbito nacional y europeo.

• Disminuir las quejas de los ciudadanos en cada uno de los sectores tratados.

 

Actividades

• Actividades permanentes de formación e información: intervención en medios de comunicación, atención de consultas y reclamaciones, envío de documentación informativa.

• Participación en jornadas, mesas redondas y otros actos.

• Campañas de formación e información.

 

Programa "PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN" subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo - Instituto Nacional del Consumo. El contenido es de responsabilidad exclusiva de CECU. 2005