DECLARACIÓN DE POLÍTICA SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO

"El agua es un bien público, y así debe continuar"

El 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, está dedicado este año al agua, como derecho fundamental de las personas. Con ese motivo, Consumers International (CI) ha hecho público un documento sobre la política de agua y saneamiento a la que todos los consumidores del mundo tenemos derecho.

La calidad de vida y la salud de las personas,  incluida su supervivencia, dependen del acceso al agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a UNICEF, cerca de 30.000 personas mueren cada día de enfermedades vinculadas a la falta de agua potable segura o servicios de saneamiento adecuados. El agua también es un recurso natural finito, y su escasez es hoy una real amenaza a la sociedad humana. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que para el año 2025, dos tercios de la población mundial vivirá con problemas de agua.

Actualmente, más de mil millones de personas carecen de acceso a agua potable inocua, a pesar de los avances en los últimos 10 años para mejorar la cobertura del servicio (PNUD), y el doble de personas no tiene acceso efectivo al saneamiento. En muchas ciudades, los sistemas de suministro, distribución y medición son anticuados y sufren de la falta de mantenimiento. El resultado ha sido una provisión errática o su ausencia en muchas zonas de bajos ingresos con alta densidad poblacional. Muchos consumidores en estas áreas dependen de los vendedores callejeros para obtener su suministro de agua a precios que son hasta un 30% más elevados que los del agua suministrada por redes.

El derecho al agua y al saneamiento

Es ampliamente reconocido que el acceso a servicios básicos de agua y de saneamiento es un derecho fundamental. El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó el Comentario General sobre el Derecho al Agua el 26 de noviembre de 2002. Esto obliga a los gobiernos a extender progresivamente el acceso a servicios adecuados y pagables de agua segura y saneamiento a toda la ciudadanía, sin discriminación. Este derecho, que Consumers International apoya, también está establecido en la Agenda 21, la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, y la Cuarta Cumbre P7 sobre Agua.

Para cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua y al saneamiento el año 2015, se requiere instalar 400.000 nuevas conexiones diarias de agua, y 500.000 conexiones a servicios de saneamiento (Comisión sobre Desarrollo Sostenible, ONU). Esto demandará una inversión de unos 25 mil millones de dólares por año en el sector agua y saneamiento. Se ha recomendado la participación del sector privado como manera de inyectar capital al sector para mejorar, equipar y renovar el sistema de manejo y provisión de agua.

Uno de los debates más agudos ha sido el de la participación del sector privado, que usualmente se señala como una manera de inyectar capital y experiencia de gestión. Investigaciones realizadas por CI demuestran que la participación del sector privado -que puede darse de varias maneras-, ha sido muy valiosa en algunos casos (por ejemplo: una rápida extensión de las redes, participación de la comunidad que habita asentamientos informales, reducción de las fugas, integración de los vendedores informales), mientras que en otros ha sido desastrosa para los consumidores (por ejemplo: rápido incremento de tarifas, renegociaciones contractuales prematuras, incumplimiento de las metas de expansión). De igual modo, algunos sistemas de distribución públicos son excelentes y otros muy malos. Debería existir un código de conducta para las empresas de agua, sean éstas públicas o privadas.

CI está promoviendo una serie de principios que deberían ser aplicados a todos los sistemas de provisión de agua, sean éstos públicos, privados o mixtos. Estos principios reflejan y apoyan lo establecido dentro de la ONU.

Principios de los consumidores

El agua es una necesidad básica, y el acceso a ella se encuentra reconocido en el primero de los ocho derechos de los consumidores aceptados internacionalmente. El acceso a una cantidad adecuada de agua potable es esencial para la propia vida, y contribuye en forma vital a la salud pública, a la dignidad individual y a la realización personal. El agua no es una mercancía, y es una obligación esencial de los gobiernos hacer una realidad el derecho al agua.

El agua, en sí misma, es un bien público, y así debe continuar. Los derechos para extraer agua de fuentes como los reservorios naturales, los ríos y los recursos acuíferos deben ser controlados por las autoridades, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, los proveedores y el medio ambiente.

El agua, como recurso natural, es compartido por los países, y cruza fronteras para llegar a su destino. El acceso al agua para todos los consumidores debe ser el objetivo prioritario cuando se establecen acuerdos de uso del agua que trascienden fronteras geográficas y políticas.

Los sistemas de distribución y tratamiento de agua deben estar sujetos a una efectiva regulación por parte del Estado que promueva y proteja el interés público, independientemente de que sean prestados por el sector privado, instituciones públicas o en forma mixta. La regulación debe cubrir el acceso, incluyendo -cuando sea pertinente-, las políticas de precios, la seguridad, y la calidad del servicio (desconexiones, mantenimiento de la presión, facturación, por ejemplo). La regulación también debería abarcar a los vendedores callejeros, si es necesario.

Los consumidores deberían estar involucrados en el establecimiento y la implementación de estas regulaciones. En primer lugar se deberían fijar las necesidades y los objetivos, y analizar los modelos de gestión posibles que puedan satisfacerlos. La provisión de información adecuada es esencial para que esto sea efectivo.

Las tarifas, y el uso de cualquier subsidio, deben ser transparentes y equitativas entre grupos de usuarios bajo circunstancias similares. La pobreza nunca debería ser una barrera para acceder a un suministro básico de agua potable y de saneamiento.

El pago por la provisión de agua debe ser calculado de manera adecuada, y las formas de pago deberían identificarse y planificarse. Esto incluye tanto el capital como los costos de operación. Pero la recuperación total de los costos a través de cargos a los usuarios no debería ser el único sistema. Objetivos de interés público, como el mejoramiento de la salud pública y acabar con la enorme pérdida de tiempo que para muchas comunidades significa la tarea de aprovisionarse de agua, deben ser considerados y apoyados por subsidios de ser necesario.

El agua es un recurso escaso, y hacerla disponible a todos, especialmente a los pobres, es un desafío para todos los países y comunidades. Los consumidores tienen la obligación de respetar el interés público, evitando su derroche, previniendo la contaminación de sus fuentes, y pagando en forma proporcional los costos del suministro.

Las empresas proveedoras de agua y saneamiento tienen la obligación de respetar y apoyar una efectiva regulación, jugar un papel responsable para alcanzar los objetivos de desarrollo social y -si operan internacionalmente-, aplicar los mismos estándares de calidad de seguridad y servicio en todos los países, asegurando que sean elevados.

El principio de “quien contamina, paga”, debe ser aplicado a los recursos naturales de agua, cubriendo tanto las medidas preventivas como los costos de limpieza, así como a los sistemas de distribución de agua y saneamiento.

Marzo de 2004

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